PARTE IV (a) – ATENCION A LA NIÑEZ
KEIKO FUJIMORI DE FUERZA 2011 PROPONE:
Cambiar drásticamente los hábitos alimentarios y de higiene en la población, especialmente de las zonas rurales y más deprimidas. Redirigiremos parte de los recursos que resulten de los ajustes propuestos a acciones multidimensionales: educación de la madre en prácticas nutricionales, acceso a servicios de salud, hábitos de limpieza y preparación de alimentos, mejoramiento de acceso a infraestructura de servicios de salud y educación, comunicación adaptada al medio de la intervención, empoderamiento de las comunidades en las acciones destinadas a erradicar la desnutrición mediante agresivas campañas de información, reforzadas por programas de capacitación de las madres a través de los Centros de Salud y organizaciones de base.
2. Ampliar y fortalecer los Wawa Wasis. La expansión de este programa, iniciado también en los noventa, permitirá capacitar a los padres, dar alimentos de calidad a los niños y, a través de los programas de estimulación temprana, reforzar su capacidad de aprendizaje.
3. Relanzar el Programa de Comedores Populares. Los comedores populares constituyeron una estrategia efectiva de protección social para los más pobres durante la década de 1990. Sin embargo, los sucesivos gobiernos de la década del 2000 no lo priorizaron y actualmente los que siguen operando lo hacen con el mismo equipamiento de cocinas entregado hace más de 10 años. Relanzaremos el Programa de Comedores Populares, priorizando su adecuada focalización para beneficio de los segmentos más pobres de la población, de manera que estos programas puedan contribuir a la adecuada alimentación de nuestra población.
4. Continuar la mejora de la focalización de los programas alimentarios con el fin de reducir los niveles de filtración a sectores no pobres y de exclusión de sectores pobres. Los programas alimentarios priorizarán la atención de niños menores de 2 años, madres gestantes y lactantes, niñas adolescentes, niños entre 2 y 6 años, y de población en extrema pobreza y pobreza.
5. Implementar una estrategia de comunicación adaptada a cada realidad cultural y que responda a las costumbres, lengua y características de la población. Esto debe incluir la creación de mecanismos de coordinación con las organizaciones de base y comunales donde se encuentra concentrada la población beneficiaria, de manera que los canales de organización social se empleen para promover las buenas prácticas nutricionales, de sanidad, de cuidado de salud de niños y madres. La participación comunitaria ha sido extensamente desarrollada y ha contribuido a los resultados positivos de programas sociales iniciados en la década de los noventa como son los casos de los mecanismos de participación comunitaria empleados en FONCODES, COFOPRI y Caminos Rurales. En dichos programas esa participación constituyó un elemento de su diseño operativo que empoderó a las comunidades en el objetivo de los programas y creó mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades estatales a los ciudadanos.
6. Establecer metas nacionales de reducción de la desnutrición y la anemia, y vincular la inversión social en agua, saneamiento e infraestructura de salud y educación a dichas metas. Con el fin de promover la participación de los gobiernos regionales y municipales en la ejecución de los programas de nutrición y en la provisión de la infraestructura social necesaria para contribuir a la reducción de la desnutrición, el Plan de Desarrollo Nacional propondrá un sistema de metas nacionales de desnutrición que establecerá incentivos a los gobiernos regionales y municipales para que empleen sus recursos de inversión en acciones destinadas a reducir la desnutrición. Estos incentivos responderán a los siguientes criterios: (i) coordinación de los planes de inversión subnacionales con la estrategia nacional de reducción de la desnutrición; (ii) ejecución de obras de infraestructura social que, según la estrategia nacional, contribuyan a lograr sus fines; (iii) reducción efectiva de la desnutrición infantil.
COMENTARIO: Sin comentarios
OLLANTA HUMALA DE GANA PERU PROPONE:
La infancia:
Los esfuerzos e iniciativas desplegados desde la sociedad para que la atención a la infancia sea una prioridad nacional han sido crecientes en los últimos años. Ello sin duda ha incidido en el avance que se viene dando a nivel del Estado en cuanto a la coordinación de acciones y la puesta en marcha de programas para enfrentar algunos problemas claves como la desnutrición crónica, la atención de salud materna y neonatal, la mejora de los aprendizajes en los primeros años y la indocumentación de los niños, sin embargo ello resulta insuficiente, los problemas no solo persisten y se reproducen, además de que es poco lo que se ha avanzado en cuanto a otros problemas graves como por ejemplo la violencia contra los niños.
En ese sentido, para poder contar con una agenda común que movilice a la ciudadanía y al Estado a favor de la infancia, es necesaria la actualización del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) con participación de la sociedad civil. Al respecto, el último balance de los objetivos del PNAIA realizado por UNICEF muestra resultados mixtos en los avances obtenidos de las metas propuestas por este plan.
La acción a favor de la infancia en el próximo periodo debe priorizar la atención integral de la problemática de la infancia e incluir una estimación del presupuesto necesario para su implementación, frente a ello se plantea el compromiso expreso de asignarle los recursos necesarios en la gestión de gobierno de los próximos cinco años.
COMENTARIO: Sin comentarios.
PARTE IV (b) – JUBILACION
ANALISIS COMPARATIVO DE PROPUESTAS PARA LA JUBILACION:
KEIKO FUJIMORI DE FUERZA 2011 PROPONE:
COMENTARIO: No posee propuestas al respecto.
OLLANTA HUMALA DE GANA PERU PROPONE:
a) Propuestas de política:
q Impulsar la reforma institucional y normativa que nos acerquen lo más posible a las condiciones de trabajo decente para todos los peruanos, en cuya elaboración comprometa la participación del Estado, el sector privado y los trabajadores.
q Institucionalizar la participación del poder legislativo y sobre todo de las organizaciones de trabajadores y empleadores. Para ello es fundamental fortalecer la legitimidad del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo como espacio para el diálogo entre el Estado, los trabajadores y los empleadores con miras a generar acuerdos y consensos en la promoción del trabajo decente.
q Como parte de la reforma constitucional debe recuperarse al Estado como garante de los derechos de los ciudadanos, tanto de los derechos individuales y políticos como de los derechos sociales, culturales y solidarios que se consideran en su conjunto derechos fundamentales.
q Se requiere una Ley General del Trabajo que unifique la excesiva cantidad de regímenes laborales en la perspectiva del trabajo decente y que refleje consensos amplios, debe retomarse el debate sobre el Proyecto de Ley existente, se requiere voluntad política del más alto nivel para que esta norma discutida y consensuada pueda aprobarse a pesar de los poderosos lobbies que buscan perpetuar el marco legal y situación existente.
q Perfeccionar el marco legal y normativo del sector público haciendo ajustes necesarios de la ley marco del empleo decente para que sea promotora del empleo decente, en el sector publico existen regímenes especiales que recortan los derechos laborales de los trabajadores y deben ser revisados, como el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) que se creó para adecuarse los requerimientos del TLC, pero no ha significado ningún avance en materia de derechos laborales.
q Además de las políticas económicas y marcos normativos se requiere de una institucionalidad fuerte que garantice el cumplimiento efectivo de estas, será necesario fortalecer las funciones de fiscalización y la asignación de los recursos necesarios para la implementación y seguimiento de las políticas y normas.
q Además de restablecer los derechos laborales conculcados será necesario cambios en el modelo económico vigente, es decir solo con nuevas y mejores políticas de desarrollo económico será posible los cambios efectivos en el campo laboral, tales como: la promoción de la sindicalización, la negociación colectiva y la recuperación de una política salarial activa con aumentos en el salario mínimo.
q Recuperar el carácter solidario y redistributivo inherente a un esquema de sistema de pensiones.
q Universalización del Sistema de Pensiones en base a un sistema de pensiones contributivas complementado con un régimen de administración privado sin que este desvirtúe el carácter público del sistema.
q Focalización en los adultos mayores de 75 años.
q Regresar al Estado su rol activo como garante de la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Pensiones.
c) Medidas/Acciones inmediatas
q Implementación de un régimen de pensiones sustentado en dos sistemas.
I. Un primer sistema público que garantiza pensiones de jubilación para todos y que contiene dos componentes:
§ El contributivo-obligatorio (base del sistema) que garantice un nivel de pensión de acuerdo tanto a la edad como al número de cuotas aportadas al régimen. La afiliación en el régimen contributivo será obligatoria para todos los trabajadores activos, tanto asalariados como independientes cuya aportación estará en función de sus salarios o ingresos.
§ El segundo, no contributivo, que ofrece una pensión básica para todos los adultos mayores de 65 años sin importar su historia de afiliación a algún sistema de pensiones. Esta opción será financiada básicamente por impuestos y por una porción de los fondos aportados por los trabajadores.
II. Un segundo sistema privado que sirva de complemento al primero. Este pilar es voluntario y está basado en cuentas individuales para trabajadores asalariados e independientes. Los aportes se determinan en función del nivel de ingresos que excede al tope establecido para determinar las contribuciones al sistema público. Adicionalmente a la pensión del pilar público cada contribuyente recibe una pensión en función de lo aportado y el rendimiento del fondo escogido.
q Paralelamente se implementará un sistema de pensiones no contributivas para personas adultas mayores que habitan en las zonas rurales. Al respecto, un estudio de la MCLCP calcula en 0.24% del PBI el costo fiscal de una asignación pensionaria de S/.100 para la población mayor de 60 años de las zonas rurales del país. Monto que nos comprometemos en canalizar por ser la población más vulnerable y formar parte de nuestras prioridades de política social.
q Creación del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) encargado de la formulación de políticas integrales de pensiones que incluye la regulación y supervisión de los actores, incluidos los del sector privado. El CNSS contará con la participación de asegurados, empleadores, el Estado y otros actores involucrados con el tema.
q Centralización de las actividades de recaudación en una única entidad, desde la cual se distribuirán los fondos bajo la supervisión del CNSS.
q Implementar un plan nacional para combatir la morosidad y evasión en los aportes previsionales por parte de los empleadores.
q Reforma del actual régimen público contributivo que gestiona la ONP para que se constituya en parte fundamental del nuevo modelo de pilares.
q Reformular y unificar las tablas de esperanza de vida utilizadas actualmente por las AFP que responden a una realidad diferente a la nacional. Tablas acordes a la esperanza de vida nacional conllevarían efectos positivos en los montos de las pensiones.
COMENTARIO: Sin comentarios.
* Asesor de la Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay y miembro de la etnia Iquito.
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